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La lista de Sinde
21 mar
Como medida de protesta ante la Disposición Final Primera del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, popularmente conocida como la Ley de Sinde, este mi humilde blog se une a la iniciativa de Hacktivistas, La lista de Sinde. A partir de hoy podréis realizar búsquedas de descargas mediante Google y The Pirate Bay directamente desde los widgets que podréis encontrar en la parte derecha del blog.
A continuación, reproduzco el texto de esta iniciativa que busca la retirada de la mencionada Disposición de un proyecto de Ley en el que ha entrado por la puerta de atrás, por las presiones de la mal llamada Coalición de Creadores a un Gobierno que se empeña en no escuchar la voz de la ciudadanía digital. Una ciudadanía que, por si a ZP o a sus asesores se le ha olvidado, también tiene voto. Por ello, como segunda medida de protesta, no pienso dar mi voto a ningún partido político que vote a favor de este ataque a los derechos fundamentales recogidos por la Constitución Española.
“La Lista de Sinde” es una campaña en respuesta a la intención del Gobierno Español de crear una comisión censora en el Ministerio de Cultura con potestad para cerrar y bloquear webs sin las garantías de un juicio previo. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha entregado ya al Ministerio de Cultura una lista de 200 webs que según su criterio deberían ser censuradas inmediatamente…
“La Lista de Sinde” recoge un listado de las páginas web que se han ido “autoinculpando” de intercambiar cultura libremente mediante la integración de un buscador de descargas. Nuestro objetivo es responder con esta nueva lista de otras 200, 2.000 o 20.000 páginas web que el Gobierno debería también censurar por la misma razón: compartir cultura. Hasta ahora, los jueces siempre nos han dado la razón, pero si el Gobierno consigue poder cerrar y bloquear webs sin un juicio previo, tendrá que ir también a por todas las nuestras. ¡Ahora la Red actúa, únete!
Como ya he comentado en Twitter esta tarde, Sarkozy ya sabe lo que es pagar las consecuencias de gobernar de espaldas a la ciudadanía, por eso ha salido vapuleado de las elecciones regionales francesas. Si el PSOE no recitifica, ellos serán los siguientes en saber lo que se siente cuando ignoras a aquellos que te han aupado al poder con sus votos.
Carta abierta a la Judicatura
27 ene
Con la venia de Sus Señorías:
Dirigimos la presente carta a todas las Asociaciones Judiciales, así como a todas y cada una de las personas que ostentan en España el cargo de Juez o Magistrado. La escribimos desde la plataforma Red SOStenible, creada recientemente por un grupo diverso y heterogéneo de personas, -profesionales de la creación artística, de la informática, del mundo empresarial y jurídico, trabajadores y trabajadoras de toda condición- todas ellas preocupadas por algunas iniciativas que ponen en riesgo Libertades y Derechos Fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y, particularmente, la Disposición Final Primera del Anteproyecto de la denominada Ley de Economía Sostenible.
Nos dirigimos a usted por cuanto consideramos que dicha iniciativa supone un atentado a la separación de poderes y las competencias que actualmente tiene constitucionalmente asumidas el Poder Judicial, cuyos integrantes suponen los más inmediatos garantes de nuestros derechos constitucionales.
La razón fundamental de todo ello es que dicha Disposición Final Primera, con la excusa de la propiedad intelectual, atribuye a un órgano administrativo la facultad de interpretar las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto a sus infracciones, al margen del criterio judicial y decretar la interrupción de servicios de la sociedad de la información, tales como el cierre de páginas web. Dicha previsión puede atentar a la facultad exclusiva de los jueces, reconocida en el art. 20.5 CE, de acordar el secuestro de cualquier medio de información.
La comentada norma supone la quiebra de dicho precepto y, por tanto, de la configuración constitucional de la Libertad de Expresión; de la separación de Poderes que se consagra en nuestra Carta Magna, dado que el cierre de medios de información como páginas web es una facultad atribuida al Poder Judicial; y de la separación de jurisdicciones.
Los conflictos en materia de propiedad intelectual, han de ser resueltos ante la Jurisdicción Civil/Mercantil o, en los casos graves, ante la Jurisdicción Penal, ya que ambas ofrecen mecanismos ágiles para defender los derechos de propiedad intelectual, pero no ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El procedimiento sumarísimo de 4 días previsto en el anteproyecto no reúne las debidas garantías, al privarse al Poder Judicial de la posibilidad de sopesar adecuadamente, con rigor y con sosiego, si concurren los elementos necesarios para suspender cautelarmente un derecho fundamental como es la Libertad de Expresión.
Por todo ello, el colectivo Red SOStenible le invita a informarse y, si lo considera oportuno, en la medida de su ámbito de actuación, poner su grano de arena a fin de que este atropello a nuestras Libertades y Derechos Fundamentales no se perpetre.
Confiando en la Justicia con mayúsculas, desde Red SOStenible transmitimos un respetuoso saludo a Sus Señorías.
A partir de hoy, Red y Libertad
12 ene
Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:
- Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.
- Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
- Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.
- Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos
- Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.
- De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.
- Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.
La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.
La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.
Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.
En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.
En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:
- Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);
- La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de laCarta);
- El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo A “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);
- La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo C “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);
- Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).
Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.
Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).
La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.
Firmado Red SOStenible
http://Red-SOStenible.net/colabora/
La Red Sostenible somos todos. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, blogguéalo, difúndelo.
Nos toman por tontos
8 ene
La situación de en relación a la famosa disposición adicional del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible toma cada vez uno tono más dramático. Tras el revuelo que armó la filtración de esta disposición adicional que no pintaba nada en la Ley en la que se grapó su texto, el nuevo año nos ha traído nuevas filtraciones sobre este tema a la edición digital del diario El País (cómo no). En ellas se pretende hacernos creer que se introduce la figura del juez en el proceso, que supuestamente garantizaría la tutela judicial en caso de ser denunciados por la SS (de Sección Segunda… el nombre no me lo he inventado yo, lo juro). Sin embargo, la realidad es bien distinta.
Viñeta de Eneko/20minutos.es
Según los datos publicados por Ramón Muñoz (que se está labrando una “fama” de periodista a sueldo del Gobierno gracias a sus artículos repletos de falacias y lemas made in SGAE), la disposición de la discordia se regulará mediante un reglamento en el cual se especifica que:
Para pedir la cesación de la actividad es preciso una autorización judicial previa, aunque el juez no entra en el fondo del asunto, sino que sólo decide si el organismo solicitantes es pertinente para pedir la suspensión, y con ésta no se vulnera algún derecho fundamental.
Esto, en cristiano, quiere decir que van a poner de florero a un juez en el proceso que no va a decidir si la actividad denunciada es ilegal o no, sino que únicamente decidirá si la SS es competente para pedir la suspensión. Ender Wiggins lo ha explicado muy bien en su tira extra de ayer en Sinergía sin Control, y Pablo Soto, en un artículo memorable, también se ha referido a este rizar el rizo (al que él llama “el truco de la grapadora”) en su blog:
Existe un viejo truco, usado por burócratas corruptos del mundo entero, que consiste en adjuntar a un expediente, un documento firmado por cierta autoridad con el fin de hacer creer que el firmante del mismo, normalmente en representación de un organismo, apoya o avala el resto del expediente cuando en realidad no es así.
Se alega que con este reglamento se ganará en agilidad a la hora de tramitar las denuncias de los gestores de derechos de autor ante la comisión del Ministerio, pero lo cierto es que, como muy bien explica David Bravo, no se ganarán días al mecanismo que contempla actualmente la Ley para este tipo de casos y que tanto incomoda a la mal llamada Coalición de Creadores:
No sólo el cauce que dicen que se necesita ya existe y con jueces incluidos, sino que es de hecho el que está siguiendo la industria desde hace años para perseguir la actividad de las páginas de enlaces.
Pero eso no es todo. A nadie se le escapa que el procedimiento elegido para regular el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible tiene también miga. Se dice que se regulará mediante un reglamento. ¿Qué tiene de malo? Pues que una Ley debe pasar forzosamente por el Parlamento y, por tanto, tendrá toda la atención mediática que una Ley de este calado puede tener en la opinión pública. Sin embargo, un reglamento no necesita de este trámite y su modificación o no estará supeditada al Gobierno de turno, con lo que probablemente nadie se enteraría de que el reglamento ha cambiado hasta que vayan a por él.
Por otro lado, es necesario mencionar que estamos hablando de información no confirmada de forma oficial, dado que hasta el Consejo de Ministros de hoy viernes no sabremos las verdaderas intenciones del Gobierno respecto a esto. Aunque sí nos podemos hacer una idea de que la información ofrecida por El País no andará muy errada puesto que los representantes de las entidades de gestión de derechos de autor vuelven a celebrar con champán haberle colado un gol al Gobierno.
Yo, sinceramente, pienso que nos toman por tontos o idiotas, de otra forma no le encuentro explicación a que se haya llegado a esta situación. A ver, ZP, ¿dónde está esa promesa de que no se iba a cerrar ninguna web? ¿En qué ha quedado lo de que “si hay que cambiar el texto, se cambiará”? ¿Cómo es posible que la única voz que pone algo de cordura al respecto en tu partido sea de alguien retirado? Bueno, tampoco sé de qué me extraño tanto. Los españoles aún seguimos esperando ver en qué ha quedado eso del pleno empleo o la Champions League de la economía. Es más, cuando algo no te funciona siempre tienes a tus periodistas a sueldo para tratar de manipular a la gente. Enrique Dans lo ha explicado mucho mejor que yo con sus palabras:
El gobierno miente, el gobierno engaña, el gobierno maquilla, y el problema sigue ahí, en toda su magnitud. Un mes, y no hemos avanzado nada. Un mes después, la disposición final sigue donde estaba…
Pero tú y la gente que te aconseja (no me puede creer que tal cantidad de despropósitos pueda salir únicamente de tu mente) os equivocáis de lleno, una vez más, y os va a salir el tiro por la culata. No entendéis la red, pensáis que los usuarios de Internet somos 4 frikis que se pelean por tener el mayor número de amigos en Facebook o por ver quien es el primero que comenta una noticia de Menéame. A nosotros ya no se nos puede manipular y pronto os daréis cuenta de que hubiera sido mejor hacer aquello que tanto predicáis pero poco practicáis: DIALOGAR.
P.D. Otro día explicaré por qué el PP no es capaz de presentar una alternativa respecto a este despropósito de ZP, pero leyendo la opinión de alguno de sus dirigentes, os podéis hacer una idea: no tienen alternativa alguna.
Feliz Día de la Constitución
6 dic
Por esto es por lo que nos quejamos en la blogosfera española. Por esto es por lo que luchamos. Por esto y no por cualquier motivo demagógico que quiera atribuirnos esos medios de comunicación que nos ignoraban hasta que un pequeño manifiesto de 10 puntos puso en guardia hasta al mismísimo Presidente del Gobierno.
Artículo 18
[...]
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
[...]Artículo 20
1. Se reconocen y protegen los derechos:
- A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
- A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
- A la libertad de cátedra.
A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La Ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
TÍTULO I – CAPÍTULO II – SECCIÓN I: DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS
Vía | Noticias Jurídicas – La Constitución de 1978
Vía | Mangas Verdes – Feliz y libre Día de la Constitución
Vía | Radiocable.com – La Constitución protege cada rincón de esta… web
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”
2 dic
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Vía | Weblogs S.L.
País de pandereta
1 dic
Parafraseando a un amigo mío, cosas como la que están sucediendo en las últimas horas con ese cajón desastre llamado “Ley de Economía Sostenible” sólo podrían suceder en un país como España. Como si de algo vital para salir de la crisis (o “desaceleración acelerada”, en la terminología de ZP) que ha mandado ya al paro a más de 4 millones de personas, pretenden colarnos una modificación de LSSI según la cual una comisión dependiente del Ministerio de in-Cultura (y de EGEDA, SGAE, y PROMUSICAE, vistos quienes manejan los hilos) decidiría, con el pretexto de “salvaguardar la propiedad intelectual”, sobre el cierre de páginas web sin necesidad de la intervención de un juez. Directos a la cárcel, sin pasar por la casilla de salida, y sin cobrar los 20.000.
La noticia la destapó anoche Ramón Muñoz, periodista de El País, pero las reacciones en la blogosfera española y medios de comunicación se han extendido a gran velocidad. En este sentido, Julio Alonso, fundador de Weblogs S.L., explica muy bien en su blog por qué esas medidas serán tremendamente dañinas para Internet y el desarrollo de la sociedad de la información en nuestro país:
El gobierno lo ha presentado como medidas contra las páginas de enlaces pero en realidad son medidas que introducen una tremenda inseguridad jurídica para todos los que operamos en internet. Esto por tres motivos fundamentales:
- El primero que añaden como causa para cerrar una página la infracción de derechos de autor.
- El segundo que dejan la potestad para hacerlo en manos no de los jueces, sino de la SS (sección segunda) de la Comisión de Propiedad Intelectual.
- Y el tercero que además se obliga a los prestadores de servicios a entregar a dicha comisión la información de identificación de sus usuarios.
Es decir, no sólo te podrán cerrar una web si creen que “sus derechos de autor” deben ser protegidos, además pueden hacerlo independientemente de un proceso judicial, y los proveedores de servicios de Internet están obligados a dar toda la información sobre ti que les sea requerida.
Por otro lado, Enrique Dans, profesor de Sistemas de la Información en la IE Business School desde hace casi 20 años, y muy conocido en la blogosfera española por sus artículos de opinión respecto de temas sobre la Propiedad Intelectual, también ha expresado su opinión sobre el tema en su blog. Va muy en la línea de Julio Alonso, pero llega más allá y la califica de “auténtico golpe de estado digital”, en un antológico artículo:
Este no es mi gobierno. Esto no es una democracia. Si este país tuviese lo que hay que tener, el sinvergüenza que ha permitido la aparición misteriosa de este “quinto punto”, que ha llevado a cabo este atropello a la democracia, tendría que estar dimitiendo mañana mismo. Esto es equiparable a un auténtico golpe de estado digital, es uno de los episodios más impresentables y alucinantes que hemos podido ver como nación supuestamente en democracia: las leyes no las tramitan los ministros ni el Parlamento, las tramitan los talibanes de los derechos de autor, y hacen con ellas lo que les da la gana sin encomendarse a dios ni al diablo. Se publican, y a correr: lo que opinen los ciudadanos, da exactamente igual.
También en TVE española se han hecho eco de la noticia en su web, citando a los conocidos abogados especialistas en Propiedad Intelectual, David Bravo y Javier de la Cueva, y al presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo. Todos coinciden en que con esta modificación de la LSSI se está poniendo los derechos de autor por delante de derechos fundamentales de los ciudadanos como la privacidad de las comunicaciones. De la Cueva es el más duro al respecto sentenciando que “El Gobierno acaba de exponer su mayor fascismo”.
La Ministra de in-Cultura ya se ha apresurado a declarar en todos los medios posibles (incluso en la cuenta de Twitter de La Moncloa) que “No se va a cortar Internet a ningún usuario”, pero no ha aclarado el por qué las prisas de esta chapuza legislativa ni tampoco se ha comentado por qué piensan que están por encima de los jueces para decidir si una web debe ser cerrada o no. Además, teniendo en cuenta su curriculum y las prisas que se dio en conceder subvenciones millonarias a sus más mejores amigos del cine en cuanto llegó al cargo, tiene la misma credibilidad que tenía Copérnico en el siglo XV cuando se atrevió a decir que la Tierra no era el centro del Universo.
Y los artistillas de pacotilla, siguen en su mundo, pretendiendo hacernos creer que si el gobierno no se muestra “valiente” contra el P2P la música se acabará en 5 años. Claro, todo el mundo sabe que no volverán a sonar notas musicales en España a partir del 2014 porque ya lo profetizaron los mayas. Como dice Ignacio Escolar en su blog, habrá que preguntarle a alguien si será por la mañana o por la tarde, para que nos preparemos bien.
En resumen, esto es un paso atrás en el desarrollo de Internet en España, una medida del tipo de las que el creador de la web, Tim Berners Lee, califica de “cruel e insusual”. Adiós a parte de nuestros derechos. Guardad los que nos quedan como oro en paño porque esos serán los siguientes. País de pandereta…
